Decreto-ley 1/2025, de 3 de febrero, por el que se modifican determinadas medidas autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo para el periodo desde el día 1 de febrero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, y se determina la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario para la recuperación de diversas actividades en la isla de L
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Una medida rápida aprobada por el Gobierno de Canarias para ajustar los impuestos y los precios de combustibles durante 2025. Incluye cambios en el Impuesto sobre la Renta (lo que pagas de tus ingresos), descuentos en gasolina y diésel, y reduce al cero un impuesto indirecto canario para revitalizar ciertos sectores en La Palma. **A quién afecta** A cualquier residente en Canarias que declare impuestos, especialmente autónomos y empleados. También a quienes compren combustible en las islas y a empresas de sectores específicos en La Palma que quieren recuperarse económicamente tras eventos anteriores. **Qué cambia** Pagarás menos gasolina y diésel desde febrero hasta fin de año. Algunos trabajadores autónomos y pequeñas empresas tendrán ventajas fiscales ajustadas. En La Palma, ciertos negocios no pagarán un impuesto indirecto temporalmente, lo que debería abaratar sus productos y servicios. **Cuándo entra en vigor** Desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Es una medida temporal de casi once meses para estabilizar precios y reactivar la economía local durante ese periodo.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la entrada en vigor del Decreto-ley 1/2025, las normas fiscales en Canarias se ajustaban principalmente a los marcos estatal y de la Unión Europea, con algunas adaptaciones autonómicas. La norma actual introduce modificaciones específicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto General Indirecto Canario, con el objetivo de ofrecer una respuesta más flexible y adaptada a las necesidades locales. Este enfoque autonómico permite una intervención más directa y eficaz en la regulación fiscal, especialmente en contextos de crisis o necesidad de estímulo económico, lo cual es relevante para garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible de la región.