Recurso de inconstitucionalidad n.º 2121-2025, contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos rel
¿Qué dice esta ley?
Un grupo de diputados ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional cuestionando si una parte de la ley de impuestos aprobada en diciembre de 2024 respeta la Constitución. Específicamente, impugnan una disposición sobre cómo se aplicarán estas nuevas cargas tributarias. La ley que se cuestiona introduce tres impuestos nuevos: uno dirigido a grandes grupos empresariales multinacionales y nacionales para asegurar que paguen un nivel mínimo de impuestos; otro sobre márgenes de ganancias de ciertos bancos; y un tercero sobre líquidos de cigarrillos electrónicos y productos similares. El recurso no ataca el fondo de estos tributos, sino cómo la norma ordena su implementación técnica. Afecta potencialmente a grandes empresas multinacionales, entidades financieras, fabricantes de productos de vapeo, y a la hacienda pública, aunque el impacto dependerá de si el Tribunal considera válida la redacción cuestionada. El resultado podría implicar que esa disposición específica se declare inconstitucional (inválida), lo que obligaría al Gobierno a reorganizar cómo se ejecutan estos impuestos. Si el Tribunal la avala, la implementación de estos tributos sigue adelante sin cambios. El
💬 Contexto ciudadano
Antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2024, las normas tributarias en España se regían principalmente por el sistema estatal, con algunas excepciones en las Comunidades Autónomas (CCAA) que, en ciertos ámbitos, podían establecer impuestos propios. Sin embargo, la normativa estatal siempre tenía prioridad en materia de derecho fundamental. El recurso de inconstitucionalidad presentado cuestiona cómo se aplican nuevos impuestos en la Ley 7/2024, lo cual importa porque si se declara inconstitucional la disposición en cuestión, se afectaría la vigencia de estos tributos, con implicaciones en la recaudación pública y en el cumplimiento de la Constitución.