Recurso de inconstitucionalidad n.º 2088-2025, contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos rel
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Tribunal Constitucional examina si una parte de la Ley de Impuestos de 2024 vulnera derechos fundamentales o principios constitucionales. Específicamente, cuestiona una disposición que afecta a cómo se aplican tres impuestos nuevos: uno sobre las grandes empresas multinacionales, otro sobre ciertos bancos y cajas de ahorros, y un tercero sobre líquidos para cigarrillos electrónicos. **A quién afecta** Principalmente a empresas multinacionales grandes, entidades financieras (bancos y cajas) y fabricantes de productos de vapeo. Indirectamente, toca a cualquiera que use servicios bancarios o compre estos productos, por posibles cambios en precios o comisiones. **Qué cambia** El recurso cuestiona si la norma impugnada respeta los límites constitucionales al crear estos impuestos. El fallo podría dejar la disposición tal cual, anularla parcialmente o por completo. Si prospera, algunas de estas cargas fiscales podrían replantearse o eliminarse. **Cuándo** El recurso se presentó en 2025. Los plazos del Tribunal Constitucional suelen ser prolongados (meses a años), así que la resolución no es inmediata. Mientras tanto, los impuestos siguen vigentes.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Ley 7/2024, las normas fiscales en España se regulaban principalmente a nivel estatal y, en menor medida, por las comunidades autónomas, sin una regulación específica sobre impuestos complementarios para grupos multinacionales o productos como los líquidos para cigarrillos electrónicos. La Unión Europea también establecía marcos generales, pero no detallaba mecanismos similares. Este recurso busca comparar si la nueva norma, que introduce impuestos adicionales, respeta los principios constitucionales y el equilibrio entre los niveles de tributación estatal y autonómico, lo cual es relevante para garantizar la coherencia fiscal y la protección de derechos fundamentales.