Sentencia de 19 de marzo de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Tribunal Supremo ha anulado un decreto del Gobierno que trasladaba a Euskadi la competencia para validar títulos universitarios extranjeros. Es decir: hasta ahora, el Estado decidía si un diploma de una universidad de otro país valía en España; a partir del decreto anulado, esa decisión la haría Euskadi. El tribunal ha dicho que eso no era legal. **A quién afecta** Principalmente a personas que han estudiado en universidades fuera de España y necesitan que su título sea reconocido aquí. También afecta a Euskadi, que pierde la capacidad de aprobar esas homologaciones (validaciones) en su territorio, y al Gobierno central, que recupera este poder. **Qué cambia** Vuelve a la situación anterior: el Estado —no Euskadi— es quien decide si un título universitario extranjero vale en España. Esto puede ralentizar los trámites para quienes viven en el País Vasco, ya que tendrán que dirigirse a organismos estatales en lugar de a instituciones vascas. **Cuándo** La sentencia es de marzo de 2025. El decreto que anulaba estaba vigente desde abril de 2024, así que ahora se restaura el sistema anterior. Los expedientes en tramitación pueden verse afectados según cómo resuelva la administración.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 2025, el Estado tenía la competencia exclusiva para homologar títulos universitarios extranjeros, según el Real Decreto 2808/1980. En 2024, el Gobierno intentó trasladar esa competencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante el Real Decreto 366/2024, lo cual fue anulado por el Tribunal Supremo como ilegal. Esta decisión revierte a la situación anterior, manteniendo la competencia estatal, lo cual importa porque afecta a estudiantes extranjeros y a la administración vasca, que pierde una función clave, mientras que el Estado recupera su autoridad en este ámbito.