Sentencia de 30 de abril de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima la cuestión de ilegalidad interpuesta al considerar ilegal el artículo 29.4 del Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales.
¿Qué dice esta ley?
**Lo que pasó** El Tribunal Supremo ha anulado una norma sobre cómo pierden su condición los militares profesionales. Específicamente, considera ilegal una regla que permitía que ciertos trámites administrativos se hicieran sin garantías suficientes para el militar afectado. **A quién le importa** Principalmente a militares profesionales en activo o que hayan dejado de serlo recientemente. También afecta a la Administración Militar, que tendrá que cambiar cómo gestiona estas situaciones. Los ciudadanos en general tienen interés indirecto: asegura que las decisiones sobre carreras militares respeten derechos básicos. **Qué cambia en la práctica** La Administración Militar no puede seguir aplicando el procedimiento que declaró ilegal. Tendrá que ofrecer garantías mayores a los militares antes de quitarles su condición (derecho a ser escuchado, acceso a pruebas, posibilidad de defenderse). Los militares afectados por decisiones tomadas con esa norma ilegal podrán impugnarlas o pedir que se revisen. **Cuándo entra en vigor** La sentencia es de 30 de abril de 2025. La Administración debe cumplirla inmediatamente, aunque probablemente necesitará semanas o meses para modificar formalmente el reglamento y sus procedimientos internos
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2025, la normativa sobre la adquisición y pérdida de la condición de militar profesional se regía por el Real Decreto 1111/2015, que permitía trámites administrativos sin garantías suficientes para los afectados. Esta situación contrastaba con el marco estatal y europeo, que exige un debido proceso y derechos fundamentales en decisiones que afectan a la condición de un ciudadano. La importancia de esta sentencia radica en que establece un estándar más justo, alineándose con principios de derecho administrativo y derechos fundamentales, y obliga a la Administración a respetar los derechos de los militares en procesos que modifican su situación jurídica.