Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3631-2025, en relación con el art. 10.2, 3 y 4, y art. 46.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y disposición final tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
¿Qué dice esta ley?
**Impugnación de normas sobre impuestos de transmisiones patrimoniales y catastro** El Tribunal Constitucional examina si varios artículos que regulan el impuesto que se paga cuando compras una vivienda, un terreno o heredas una propiedad (transmisiones patrimoniales) respetan la Constitución. También revisa reglas del catastro, el registro público que lista todas las propiedades y sus características. Afecta principalmente a ciudadanos que compran o heredan inmuebles, y a notarios y registradores que tramitan estos actos. Las administraciones fiscales y catastrales también están implicadas porque estas leyes son la base para sus actuaciones. En concreto, se cuestiona si los criterios para calcular estos impuestos, la forma de determinar el valor de la propiedad, y las obligaciones de información al catastro vulneran derechos fundamentales o principios de igualdad. El proceso busca aclarar si esas reglas son justas o si discriminan a unos contribuyentes frente a otros. La resolución del Tribunal Constitucional aún está pendiente. Mientras se resuelve, la normativa sigue siendo válida. Si el Tribunal declara que hay inconstitucionalidad, podría obligar a modificar cómo se cobran estos impuestos o cómo se gestiona la información catastral, afectando tanto a futuros contribuyentes
💬 Contexto ciudadano
Antes de la norma en cuestión, las comunidades autónomas y el Estado regulaban de forma distinta los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y el catastro, lo que generaba disparidades en la aplicación de las normas fiscales y en la protección de los derechos de los ciudadanos. Esta cuestión de inconstitucionalidad busca analizar si dichas normas, tanto estatales como autonómicas, respetan el principio de igualdad y la legalidad tributaria, garantizando un trato imparcial y transparente. La importancia radica en que una decisión del Tribunal Constitucional podría unificar o reformar el marco legal, afectando a todos los contribuyentes y a las administraciones públicas.