Orden PJC/681/2025, de 1 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en ma
¿Qué dice esta ley?
**Subida salarial del 0,5% para empleados públicos** El Gobierno aprueba un aumento del 0,5% en los sueldos de todos los trabajadores que dependen de la administración pública (funcionarios, personal laboral, etc.). Es una medida excepcional vinculada a las dificultades económicas causadas por los conflictos internacionales actuales. Afecta directamente a empleados públicos: profesores, sanitarios, policías, administrativos y cualquier persona que trabaje para organismos del Estado, comunidades autónomas o entidades públicas. También impacta indirectamente en los presupuestos públicos, que deben financiar esta subida. El cambio concreto es que tus ingresos mensuales como empleado público aumentan un 0,5%. Por ejemplo, quien gane 2.000 euros recibe 10 euros más al mes. Esto afecta a la nómina, prestaciones por jubilación y cálculo de indemnizaciones ligadas al salario. Es una subida muy modesta, inferior a cualquier inflación significativa. Esta orden entra en vigor desde el 1 de julio de 2025. El incremento ya estaba previsto en una ley anterior (de junio de 2024) pero necesitaba esta aprobación para ejecutarse efectivamente en nóminas.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Orden PJC/681/2025, las normas que regulaban las retribuciones del personal público se encontraban en el marco estatal, con ajustes limitados y enmarcados en leyes como el Real Decreto-ley 4/2024. Las comunidades autónomas y la Unión Europea también tenían su propia regulación, con diferencias en los índices de subida salarial y en la flexibilidad para adaptarse a la inflación. Esta orden refleja una medida estatal que busca alinear el incremento salarial con las dificultades económicas derivadas de los conflictos internacionales, destacando su importancia como una herramienta para mantener la estabilidad laboral y financiera en el sector público.