Resolución de 24 de junio de 2025, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones Locales relativa al esfuerzo fiscal de 2023 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Los ayuntamientos y diputaciones deben informar sobre cuánto esfuerzo fiscal hicieron en 2023 —es decir, qué impuestos locales cobraron y cómo los utilizaron— para que las delegaciones autonómicas de Hacienda verifiquen que cumplieron sus obligaciones. **A quién afecta** A los gobiernos locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos) que deben recopilar y enviar esta información, y a las administraciones autonómicas que controlan que todo sea correcto. **Qué cambia** Se especifican exactamente qué datos deben reportar los municipios: ingresos por impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como cómo se gastó ese dinero. Esto facilita la supervisión y evita que cada administración local interprete de manera diferente qué información entregar. **Cuándo entra en vigor** La resolución se publica el 24 de junio de 2025, aunque se refiere al ejercicio fiscal de 2023. Los plazos de entrega de esta información los establecerán las delegaciones autonómicas en cada comunidad. --- *En resumen*: es un procedimiento administrativo que ordena cómo deben documentar los gobiernos locales sus ingresos y gastos de impuestos, permitiendo a las regiones verific
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta resolución, no existía un marco claro y uniforme para que las administraciones locales informaran sobre su esfuerzo fiscal, lo que generaba desigualdades en la supervisión entre las comunidades autónomas y la Administración estatal. La norma establece un procedimiento comparativo entre las CCAA, el Estado y la UE, al exigir un estándar común en la transparencia y verificación de los ingresos fiscales locales. Esto importa porque permite una mejor coordinación fiscal, evita prácticas inconsistentes y fortalece el control democrático sobre el uso de los recursos públicos, alineándose con estándares europeos de transparencia y responsabilidad.