Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1254-2025, en relación con el inciso final «y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación» del párrafo segundo del artículo 150.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por posible vulneración del art. 24.1 CE.
¿Qué dice esta ley?
**QUÉ ES** Un tribunal ha cuestionado si un apartado de la ley tributaria vulnera el derecho a un juicio justo. Concretamente, cuestiona si es correcto que los intereses por impuestos adeudados se sigan acumulando hasta que la administración fiscal dicte una nueva liquidación (actualización de la deuda), sin límite claro de tiempo. **A QUIÉN AFECTA** Principalmente a contribuyentes que tienen deudas tributarias pendientes de resolución y a autónomos o empresas en litigios con Hacienda. También afecta a la administración tributaria en cómo calcula los intereses. **QUÉ CAMBIA** El Tribunal Constitucional debe decidir si ese sistema es justo o si vulnera el derecho de defensa y a un proceso equitativo. Si lo considera inconstitucional, podría cambiar cómo se calculan los intereses en estos casos, potencialmente limitando su acumulación o exigiendo plazos más claros a la administración para resolver. **CUÁNDO** Se trata de un proceso pendiente ante el Tribunal Constitucional. No hay fecha de resolución fijada. El procedimiento puede durar meses o años, durante los cuales la norma actual sigue siendo válida.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la norma en cuestión, el sistema de cálculo de intereses en materia tributaria en España se regía por una normativa estatal, que en algunos casos se complementaba con normas de las Comunidades Autónomas, aunque estas últimas tenían menor alcance en materia fiscal. A nivel europeo, la Unión Europea establecía principios generales sobre derechos de los contribuyentes, pero no regulaba directamente el cálculo de intereses. La importancia de esta cuestión radica en que el Tribunal Constitucional debe decidir si la acumulación de intereses sin límite temporal viola el derecho a un juicio justo, lo que podría tener implicaciones significativas para el sistema tributario español y su alineación con los estándares europeos.