ResoluciónNacionalvigente

Resolución de 9 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de actividades del año 2026.

BOE-A-2025-12059Publicada: 16/06/2025MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

¿Qué dice esta ley?

**Planificación de actividades preventivas de las mutuas en 2026** Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (organizaciones privadas que gestionan la prevención de accidentes laborales) deben seguir un plan anual de actividades preventivas establecido por el Estado para el año 2026. Es como un calendario de obligaciones: qué temas de seguridad laboral deben priorizar, a cuántas empresas atender y qué resultados alcanzar. Afecta principalmente a las mutuas (seguros especializados en accidentes de trabajo), a las empresas afiliadas a ellas y, indirectamente, a los trabajadores que se benefician de estas medidas preventivas. El cambio concreto es que las mutuas tendrán directrices claras sobre dónde invertir recursos en 2026: cuántas auditorías de seguridad hacer, qué sectores vigilar más estrechamente, cuántos trabajadores formar en prevención. Esto evita que cada mutua actúe sin coordinación y asegura un estándar mínimo de protección en toda España. Entra en vigor el 1 de enero de 2026 y orienta toda la actividad preventiva durante ese año.

💬 Contexto ciudadano

Antes de esta resolución, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tenían una mayor autonomía en la planificación de sus actividades preventivas, lo que generaba disparidades en la cobertura y enfoque entre las diferentes comunidades autónomas y el Estado. La norma establece un marco común para todas las mutuas, alineando su planificación con los objetivos nacionales de prevención de riesgos laborales, lo cual mejora la coordinación y el estándar mínimo de protección. Este enfoque uniforme es importante porque asegura una respuesta más eficaz a los riesgos laborales, especialmente en sectores críticos, y refuerza la coherencia entre las políticas estatales, autonómicas y europeas en materia de seguridad social.

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