Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 3/2018 es una norma de Castilla-La Mancha que aplica la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Su propósito principal es cambiar cómo se protegen y apoyan las decisiones de las personas con discapacidad: en lugar de que otros decidan por ellas, establece que estas personas decidan por sí mismas con los apoyos que necesiten. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, en especial a quienes necesitan ayuda importante para tomar decisiones sobre los aspectos principales de sus vidas. También afecta a sus familias y a las administraciones públicas que deben proporcionar esos apoyos. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que cada persona con discapacidad puede configurar los apoyos que necesita para ejercer su capacidad jurídica y tomar sus propias decisiones. Reconoce su derecho a tener autonomía e independencia, a participar en igualdad en la vida social, económica y cultural, y a que los servicios sociales respondan a sus necesidades específicas para vivir con libertad.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta norma, el sistema español de protección de personas con discapacidad se basaba en figuras como la tutela, donde terceros sustituían la voluntad de la persona. La Ley 3/2018 de Castilla-La Mancha se adelanta al cambio legislativo estatal (la reforma del Código Civil mediante Ley 8/2021) al implementar el modelo de apoyo derivado de la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por España. Mientras algunas comunidades autónomas han desarrollado normativa similar, otras aún operan bajo regímenes más tradicionales. Esta legislación converge con las exigencias de la Directiva de Accesibilidad de la UE (2019). Para el ciudadano con discapacidad representa un giro fundamental: pasa de ser sujeto pasivo de decisiones ajenas a ser titular de capacidad jurídica plena con derecho a elegir sus apoyos, garantizando su participación efectiva en la vida social, económica y cultura, lo que refuerza su autonomía e igualdad frente a otras personas.