Resolución de 5 de junio de 2025, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** El Gobierno actualiza los límites y criterios que deben cumplir las comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, etc.) y ayuntamientos o diputaciones cuando se endeudan o contratan productos financieros complejos. Es como establecer "las reglas del juego" para que estas administraciones no se endeuden de forma irresponsable. **A quién afecta** Principalmente a gobiernos regionales y locales. Indirectamente, a ciudadanos que viven en esas zonas, porque determina cuánto dinero público pueden gastar en intereses de deuda en lugar de servicios. **Qué cambia** Se actualizan las cifras y criterios del anexo (lista de requisitos) de la resolución original de 2017. Aunque el documento no especifica los cambios concretos, típicamente estas actualizaciones ajustan porcentajes máximos de endeudamiento permitido, criterios de evaluación de riesgo financiero y reglas sobre derivados financieros (productos que protegen de variaciones de tipos de interés). Esto puede flexibilizar o endurecer las condiciones según la situación económica actual. **Cuándo entra en vigor** Desde el 5 de junio de 2025. Las administraciones locales y autonómicas deberán aplicar estos nuevos criterios en sus operaciones de endeudamiento inmediatamente.