Real DecretoNacionalvigente

Sentencia de 19 de marzo de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso número 462/2024 contra el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

BOE-A-2025-11324Publicada: 06/06/2025TRIBUNAL SUPREMO

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** El Tribunal Supremo anula parcialmente un decreto que ampliaba las competencias del País Vasco en la homologación (reconocimiento oficial) y equivalencia de títulos universitarios obtenidos en el extranjero. La sentencia considera que algunas de esas funciones no podían transferirse porque corresponden al Estado. **A quién afecta** Principalmente a personas con títulos universitarios extranjeros que tramitan su reconocimiento en España, universidades vascas, y a la administración autonómica del País Vasco. También impacta al Estado en la gestión centralizada de estos procesos. **Qué cambia** El Supremo corrige qué competencias puede ejercer realmente Euskadi en materia de títulos extranjeros. Algunas funciones de homologación y equivalencia deben mantenerse bajo control estatal para garantizar estándares uniformes en todo el país. Esto significa que ciertos trámites no se resolverán únicamente en Vitoria, sino que requerirán participación del Estado. **Cuándo** La sentencia es de 19 de marzo de 2025. El decreto que anula databa de abril de 2024, así que esta resolución rectifica decisiones que ya llevaban casi un año en vigor.

💬 Contexto ciudadano

Antes de esta sentencia, las competencias en materia de homologación y equivalencia de títulos extranjeros estaban principalmente en manos del Estado, aunque las Comunidades Autónomas podían ejercerlas en ciertos casos. La normativa europea también establecía marcos de cooperación y reconocimiento mutuo entre Estados miembros. Esta sentencia refleja una revisión de la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, destacando la importancia de mantener estándares uniformes en materia educativa, lo cual afecta a estudiantes, universidades y la administración pública.

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