Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en Paris el 24 de noviembre de 2016. Notificación de España el 26 de mayo de 2025 al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como depositario del Convenio, de conformidad con las disposiciones de su artículo 35.7.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es en lenguaje cotidiano:** España ha confirmado formalmente ante la OCDE su participación en un acuerdo internacional que lucha contra el fraude fiscal de grandes empresas. El convenio busca evitar que las compañías multinacionales trasladen ganancias a países con impuestos bajos para pagar menos impuestos donde realmente generan beneficios. **A quién afecta:** Principalmente a grandes empresas multinacionales y grupos empresariales con operaciones en varios países. También afecta a gobiernos (incluyendo el español) que coordinan la lucha contra estas prácticas, y indirectamente a ciudadanos que financian servicios públicos con esos ingresos fiscales. **Qué cambia concretamente:** España se compromete a aplicar nuevas reglas internacionales: las empresas no podrán usar estructuras artificiales para evadir impuestos, habrá más transparencia en sus operaciones globales, e intercambio de información entre países. Esto significa que las autoridades fiscales españolas cooperarán activamente con otros países para detectar movimientos sospechosos de dinero y ganancias. **Cuándo entra en vigor:** La notificación es del 26 de mayo de 2025. El convenio internacional se firmó en 2016, pero su efectividad en España depende de cuando complete todos los trámites internos. Algunos países ya lo aplicaban; España formal
💬 Contexto ciudadano
Antes del Convenio de París de 2016, los países europeos y estatales aplicaban normas fiscales dispersas y poco coordinadas, lo que permitía a las multinacionales aprovechar diferencias en tasas impositivas para minimizar su carga fiscal. La Unión Europea (UE) había iniciado esfuerzos para armonizar estas prácticas, pero el Convenio de París estableció un marco multilateral más sólido y obligatorio, con mecanismos de cooperación y transparencia. Este acuerdo importa porque refuerza la lucha contra la evasión fiscal global, obligando a los estados, incluida España, a adaptar sus sistemas fiscales a estándares internacionales, garantizando así una mayor equidad y sostenibilidad en la recaudación tributaria.