Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden que modifica el Reglamento General de Vehículos para regular la clasificación ambiental de vehículos y nuevas formas de movilidad. Introduce un sistema de categorías de vehículos basado en su capacidad contaminante y crea distintivos visuales (adhesivos) que permiten identificar cada categoría. También reconoce legalmente a los vehículos de uso compartido. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los propietarios de vehículos en España, que serán clasificados en una categoría ambiental. Afecta a las administraciones públicas, que pueden usar esta clasificación para aplicar medidas de tráfico (como permitir o restringir el acceso a ciertas vías, o bonificaciones en aparcamiento). Afecta a las empresas que ofrecen servicios de vehículos compartidos. **¿Qué cambia o establece?** Establece cinco categorías de vehículos según emisiones: 0 emisiones, ECO, C, B y A, cada una con su distintivo visual (excepto la A). Define qué es un vehículo de uso compartido y le asigna un distintivo propio. Actualiza las definiciones de vehículos reconociendo nuevos tipos de combustible y tecnologías alternativas a los combustibles fósiles.
💬 Contexto ciudadano
La Orden PCI/810/2018 implementa Directivas UE sobre calidad del aire (2008/50/CE, 2015/1513/UE) que España no había regulado específicamente con categorización visual. Anteriormente, las restricciones de tráfico se aplicaban de forma inconsistente entre comunidades autónomas sin marcos legales uniformes. Esta norma armoniza criterios estatales alineándose con estándares Euro y normativa de emisiones UE, complementando el Reglamento General de Vehículos de 1998. Todas las CCAA deben aplicarla, aunque la implementación mediante medidas de tráfico varía: Madrid y Barcelona lo han aplicado rigorosamente, otras parcialmente. Para el ciudadano es crucial porque determina acceso a zonas urbanas, costes de estacionamiento y viabilidad comercial del vehículo, impactando decisiones de compra e inversión en tecnologías limpias.