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ResoluciónNacionalvigente

Corrección de errores de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.

BOE-A-2018-10761Publicada: 30/07/2018COMUNITAT VALENCIANA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Esta es una resolución que corrige errores detectados en la publicación de la Ley 22/2017 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2018. Los errores estaban en varios cuadros (tablas) que se habían publicado incorrectamente en el Boletín Oficial del Estado. **¿A quién afecta?** Afecta a la Generalitat de Valencia y a cualquier persona u organismo que necesite conocer con precisión los presupuestos públicos de la Generalitat para el año 2018. **¿Qué cambia o establece?** Se publican de nuevo, de forma correcta, los cuadros del estado de ingresos y gastos de los presupuestos de la Generalitat para 2018. Estos cuadros corregidos son los que tienen validez oficial, sustituyendo a los que contenían errores.

💬 Contexto ciudadano

Las correcciones de errores en presupuestos públicos son procedimientos administrativos que todas las administraciones han requerido históricamente para garantizar la precisión de sus documentos oficiales; esta resolución valenciana de 2018 sigue el mismo patrón que otras comunidades autónomas como Cataluña o el Gobierno de España, que han tenido que enmendar publicaciones en el BOE cuando tableros de ingresos y gastos contenían inexactitudes materiales. Aunque formalmente la Generalitat Valenciana aprueba sus presupuestos mediante ley ordinaria—procedimiento homologado en todas las CCAA conforme al marco de autonomía financiera—, la corrección de errores de publicación requiere esta resolución correctora como mecanismo de validación oficial. Su importancia radica en que los ciudadanos, contribuyentes, ONG y analistas económicos dependen de cifras precisas para evaluar políticas públicas, control presupuestario y destinación de recursos; además, esta claridad es requisito para la accountability democrática y el cumplimiento de obligaciones de transparencia que derivan tanto de la Ley de Transparencia estatal como de directivas europeas sobre divulgación de información pública.

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