Real Decreto 682/2025, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.
¿Qué dice esta ley?
**Resumen: Cambios en el programa escolar de frutas, verduras y leche** Se actualizan las reglas del programa que reparte frutas, verduras y leche en las escuelas españolas. Básicamente, se ajustan los procedimientos para que el sistema funcione mejor y se adapte a las necesidades actuales de los colegios. **A quién le importa:** Principalmente a directores y administradores de colegios públicos y privados que participan en el programa. También afecta a proveedores de frutas, verduras y productos lácteos que suministran a las escuelas, y a los padres cuyos hijos reciben estos productos. **Qué cambia exactamente:** El decreto modifica cómo se organiza la distribución, probablemente en aspectos como los requisitos de calidad, los plazos de entrega, los certificados que necesitan los proveedores o cómo se comprueba que los productos cumplen los estándares. Sin revisar el detalle completo, también puede afectar a cuántos productos se distribuyen o qué variedades se priorizan. **Cuándo rige:** Entra en vigor el 29 de julio de 2025. Los colegios y proveedores tendrán que adaptarse a partir de esa fecha, aunque es posible que haya un período de transición para cambiar los procedimientos.
💬 Contexto ciudadano
Antes del Real Decreto 682/2025, el programa escolar de frutas, hortalizas y leche en España se regulaba mediante el Real Decreto 511/2017, que aplicaba la normativa europea vigente. Este nuevo decreto introduce modificaciones para adaptar el sistema a las actualizaciones de la UE y a las necesidades educativas actuales, mejorando la eficacia y la calidad del programa. La comparativa con el marco estatal y las normas de las CCAA muestra una evolución hacia un sistema más flexible y orientado a la sostenibilidad y al bienestar de los estudiantes. Este cambio importa porque afecta a centros educativos, proveedores y familias, redefiniendo los criterios de distribución y cumplimiento.