Sentencia de 3 de noviembre de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo n.º 586/2023 interpuesto por la mercantil Granja los Alecos, SL, contra el Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal y se modifican varios reales decretos, en lo relativo a las disposiciones transitoria
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente un decreto del gobierno que regulaba los controles de bienestar animal en granjas. Una empresa ganadera (Granja los Alecos) recurrió porque consideraba que la aplicación de estas nuevas reglas fue injusta o ilegal en algunos aspectos. **A quién afecta** Principalmente a explotaciones ganaderas y empresas agropecuarias que están obligadas a cumplir controles sobre cómo tratan a los animales. Pero también afecta indirectamente a consumidores y a la administración que debe aplicar estas normas. **Qué cambia** El tribunal ha corregido parcialmente cómo se aplicaban las nuevas reglas de bienestar animal, especialmente en el período de transición (el tiempo dado para adaptarse). Esto significa que esas granjas tendrán condiciones menos estrictas o plazos más amplios en algunos requisitos específicos que el decreto original no permitía. La sentencia no anula todo el decreto, solo algunos apartados considerados excesivos. **Cuándo** La sentencia es de noviembre de 2025, así que está ya en vigor. Sus efectos aplican desde ahora, aunque las granjas que ya hayan invertido en cumplir podrían tener derecho a reclamaciones por los gastos innecesarios.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Sentencia de 3 de noviembre de 2025, la normativa sobre bienestar animal en España se regía principalmente por normas estatales y, en cierta medida, por disposiciones de las Comunidades Autónomas, con una aplicación más flexible en comparación con la normativa europea. La sentencia del Tribunal Supremo refleja una confrontación entre el derecho estatal y la normativa de la Unión Europea, destacando la importancia de garantizar que las normas europeas se aplican de manera justa y conforme a los principios de igualdad y proporcionalidad, lo cual es crucial para mantener la coherencia jurídica y la protección de los derechos de los ciudadanos y empresas.