Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que reconoce y regula las parejas de hecho en la Región de Murcia. Las parejas de hecho son la unión estable, libre, pública y notoria de dos personas que viven juntas y mantienen una relación de afecto similar a la del matrimonio, con independencia de que sean del mismo o diferente sexo. **¿A quién afecta?** A dos personas mayores de edad o menores emancipados que conviven de forma pública y notoria en la Región de Murcia y expresan voluntad de constituirse como pareja de hecho. No pueden formar parejas de hecho las personas que ya están casadas con otro, las que tienen vínculo con terceros, los parientes entre sí, los menores no emancipados ni los judicialmente incapacitados. **¿Qué cambia o establece?** Crea un registro administrativo donde las parejas de hecho pueden inscribirse voluntariamente. Otorga a las parejas de hecho los mismos derechos y beneficios que a las parejas casadas en materia de función pública y en toda la normativa autonómica. Prohíbe cualquier discriminación por razón de ser pareja de hecho, y establece los requisitos, procedimientos de inscripción y causas por las que la pareja de hecho se extingue.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2018, la Región de Murcia carecía de normativa autonómica específica sobre parejas de hecho, dependiendo de la dispersa regulación civil estatal y jurisprudencial. Esta ley se alinea con las leyes de parejas de hecho aprobadas por otras diecisiete comunidades autónomas desde 1990 (primera en Cataluña), y complementa el derecho matrimonial de 2005 que ya reconocía matrimonio igualitario. Aunque la Directiva 2019/1158/UE y normativa europea reconocen derechos de parejas convivientes, España no dispone de ley estatal homogénea, lo que genera un mosaico legislativo: algunas CCAA ofrecen más beneficios que otras. Para el ciudadano murciano, importa porque iguala efectos jurídicos y laborales de las parejas de hecho registradas con las casadas en el ámbito autonómico, elimina discriminación y facilita herencias, seguros y decisiones médicas; sin embargo, persisten limitaciones en derechos estatales (pensiones, Seguridad Social), que requieren regulación estatal.