Real Decreto 932/2025, de 21 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 496/2024, de 21 de mayo, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea relativa a la alimentación de animales de granja con determinados piensos de origen animal, y el Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, por el que se regula el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal, las condiciones de autorización o registro de dichos es
¿Qué dice esta ley?
Lo que antes era complicado de controlar ahora tiene reglas más claras. Este decreto actualiza cómo España gestiona los alimentos para animales de granja que contienen ingredientes de origen animal (como harinas de carne o pescado). Simplifica los trámites administrativos y refuerza la supervisión de quién produce, importa o vende estos piensos. Afecta principalmente a ganaderos, fabricantes de piensos, importadores y distribuidores de alimentos para animales. También a las administraciones autonómicas que supervisan estos sectores. Si tienes una granja o trabajas en la industria de alimentos para animales, esta normativa te incumbe directamente. Los cambios prácticos son dos: primero, el registro de empresas que trabajan con estos piensos funciona de forma más ágil y con requisitos más precisos; segundo, los controles de calidad y seguridad se endurecen para prevenir riesgos sanitarios (como enfermedades transmisibles entre animales). También se alinea mejor la normativa española con las directivas europeas en este campo. Entra en vigor el 21 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, las empresas deben cumplir los nuevos requisitos de registro y documentación que establece el decreto.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 932/2025, la regulación de los piensos de origen animal en España se basaba en normativas estatales y autonómicas menos integradas, con controles dispersos y requisitos menos claros. La normativa europea, por su parte, establecía marcos generales que no siempre se aplicaban de forma uniforme en todos los Estados miembros. Este nuevo decreto busca armonizar y simplificar los procesos de registro y control, alineándose con las directivas de la UE y mejorando la seguridad alimentaria. Es relevante porque refuerza la transparencia, reduce riesgos sanitarios y facilita la cooperación entre las administraciones estatal y autonómicas en el sector.