Resolución de 5 de noviembre de 2025, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Gobierno actualiza las reglas que controlan cómo pueden endeudarse (pedir dinero prestado) las comunidades autónomas y ayuntamientos. Se trata de normas de prudencia financiera que establecen límites y requisitos para que estas administraciones no se endeuden más de lo que pueden pagar. **A quién afecta** Directamente a gobiernos autonómicos y municipales. Indirectamente, a ciudadanos que viven en esas regiones y municipios, porque estas normas influyen en qué servicios público pueden ofrecer y cómo los financian. **Qué cambia** La Administración actualiza los anexos técnicos (tablas y criterios) con los que se mide si una autonomía o ayuntamiento puede pedir más dinero o no. Esto implica posibles cambios en los límites de endeudamiento permitido, el cálculo de riesgos financieros y los requisitos para usar derivados financieros (productos complejos para cubrir riesgos). **Cuándo entra en vigor** La resolución es de 5 de noviembre de 2025. Aunque no especifica una fecha de aplicación diferida, generalmente estas actualizaciones de criterios técnicos se implementan inmediatamente o tras un período de publicación en boletines oficiales.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta resolución de 2025, las normas de prudencia financiera aplicables a las comunidades autónomas y entidades locales se establecían en la Resolución de 2017, que ya establecía límites y criterios para el endeudamiento. Sin embargo, con la actualización de 2025, se refuerza el marco regulatorio, adaptándose a nuevas realidades económicas y financieras. Esta norma se alinea con el marco estatal y europeo, que también establece principios de prudencia financiera, pero con niveles de detalle y flexibilidad distintos. La importancia radica en garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, evitando riesgos que podrían afectar a los ciudadanos y al sistema económico nacional.