Orden PJC/1326/2025, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden PJC/1/2024, de 2 de enero, por la que se crean las unidades administrativas de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Audiencia Nacional, la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de Mallorca, Ibiza, Menorca, Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
¿Qué dice esta ley?
**Reorganización de servicios para víctimas de delitos y terrorismo** Se modifican las estructuras internas de las oficinas que atienden a personas víctimas de delitos y actos terroristas en la Audiencia Nacional y en varios juzgados provinciales. Básicamente, se ajustan cómo están organizados los equipos administrativos que trabajan en estos servicios de asistencia. Afecta a ciudadanos que han sufrido un delito o acto terrorista y buscan orientación legal, apoyo psicológico o asesoramiento en sus derechos. También impacta al personal de estas oficinas y a los juzgados que las coordinan en toda España (especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha y territorios insulares). El cambio permite reorganizar mejor el trabajo del personal, optimizar recursos y potencialmente mejorar los tiempos de atención a víctimas. Se definen nuevos roles y responsabilidades dentro de cada oficina para que funcionen más eficientemente, sin que cambien los derechos básicos ni los servicios que reciben las personas afectadas. Entra en vigor a partir del 18 de noviembre de 2025 (día después de su publicación).
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Orden PJC/1326/2025, las oficinas de asistencia a víctimas de delitos y terrorismo en la Audiencia Nacional y en juzgados provinciales operaban con estructuras administrativas menos definidas, lo que podía generar ineficiencias en la atención a las víctimas. Esta norma introduce una reorganización interna que busca mejorar la eficacia y coordinación entre las diferentes CCAA y el ámbito estatal, alineándose con estándares de la UE que promueven una atención más integral y eficiente a las víctimas. Esta modificación importa porque refleja un esfuerzo por homogenizar servicios, optimizar recursos y garantizar una respuesta más rápida y adecuada a las necesidades de las personas afectadas, en consonancia con principios europeos de protección de víctimas.