Orden TES/1582/2025, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dest
¿Qué dice esta ley?
**Qué es:** Una actualización de las reglas sobre cómo se financia y organiza la formación profesional para trabajadores en España. Concretamente, modifica cómo administraciones públicas (como comunidades autónomas o ayuntamientos) pueden ofrecer cursos y a quién le dan dinero para hacerlo. **A quién afecta:** Principalmente a autónomos, trabajadores en desempleo y empresas pequeñas que buscan mejorar habilidades laborales. También afecta a las administraciones que gestionan estas ayudas y a los centros de formación que las imparten. **Qué cambia:** La modificación actualiza los criterios para decidir qué cursos se financian públicamente, probablemente ajustando presupuestos, requisitos de acceso o tipos de formación que se consideran prioritarios (por ejemplo, digitalización o sectores con demanda de empleo). Esto puede hacer que haya nuevas oportunidades de formación o que algunos requisitos para acceder a cursos varíen. **Cuándo entra en vigor:** A partir del 31 de diciembre de 2025 (siguiente día hábil después de su publicación en el BOE del 30 de diciembre). Si trabajas en formación profesional, buscas un curso subvencionado o eres una entidad que los imparte, conviene revisar los cambios con
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Orden TES/1582/2025, la regulación de la formación profesional para el empleo en España se basaba en el Real Decreto 694/2017, que establecía un marco estatal con participación de las Comunidades Autónomas (CCAA) en la oferta y financiación. Esta norma se comparaba con el sistema europeo, que promovía una mayor coordinación entre Estados miembros, y con los sistemas estatales más centralizados. La importancia de esta actualización radica en que refleja una evolución hacia un modelo más flexible y adaptado a las necesidades del mercado laboral, con un enfoque en la digitalización y la formación en sectores estratégicos, mejorando la eficacia de la financiación pública.