Orden PCI/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta orden es una actualización de las reglas que controlan qué sustancias tóxicas (plomo, mercurio, cadmio y cromo) se pueden usar en los vehículos. Adapta la normativa española a una norma europea más reciente. Sustituye la lista de excepciones permitidas en la normativa anterior con una nueva lista actualizada. **¿A quién afecta?** Afecta a los fabricantes de vehículos y piezas de recambio, a las empresas que desmantelan vehículos al final de su vida útil, y a los proveedores de componentes y materiales para la industria automovilística. También tiene efectos indirectos en quienes compren piezas de recambio, ya que pueden estar etiquetadas diferente. **¿Qué cambia o establece?** La orden autoriza nuevas excepciones y amplía las ya existentes. Lo principal es que permite el uso de plomo en baterías de sistemas de alta tensión para ciertos vehículos (coches y furgonetas), algo que antes no estaba permitido. También cambian las fechas en que estas excepciones dejan de valer: algunas expiran en 2019, otras en 2021 y otras en 2024. Los materiales que cumplan las excepciones deberán estar etiquetados o identificados según lo exigido.
💬 Contexto ciudadano
# Contexto Comparativo: Orden PCI/824/2018 La Orden PCI/824/2018 actualiza el régimen de restricciones de sustancias peligrosas en vehículos que España estableció mediante el Real Decreto 20/2017, adaptándose a la evolución de la Directiva 2000/53/CE de la UE. Mientras que la regulación anterior contenía excepciones genéricas, esta orden introduce una nueva lista de exenciones más específicas y extensas, permitiendo particularmente el uso de plomo en baterías de alta tensión en turismos y furgonetas hasta 2024, respuesta a demandas tecnológicas del sector automotive europeo. Siendo una orden estatal, aplica uniformemente en todo el territorio español como norma más restrictiva que algunas normativas autonómicas previas. Para el ciudadano importa porque garantiza que los vehículos y piezas que adquiere cumplen estándares de toxicidad, protegiendo su salud y el medio ambiente durante el ciclo de vida del automóvil.