Real DecretoNacionalvigente

Real Decreto 1125/2025, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la ejecución de actuaciones de relevancia deportiva y de interés público durante los ejercicios de 2025, 2026 y 2027.

BOE-A-2025-25392Publicada: 12/12/2025MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** El gobierno va a dar dinero directo a ciertas organizaciones deportivas durante los próximos tres años sin hacer un concurso público. Es decir, en lugar de que compitan varias entidades por la subvención, el Estado elige directamente a quién se la da. **A quién afecta** Principalmente a federaciones deportivas, clubs de alto rendimiento y organizaciones que organizan eventos deportivos de relevancia nacional o internacional. También toca indirectamente a los ciudadanos, porque estos fondos salen del presupuesto público. **Qué cambia** Se agiliza la financiación de proyectos deportivos considerados de interés público, evitando los trámites lentos de convocatoria abierta. Las entidades beneficiarias tendrán certidumbre de financiación durante tres años, lo que permite planificar mejor sus actuaciones. A cambio, habrá menos transparencia en la selección, porque no habrá competencia entre candidatos. **Cuándo** Entra en vigor desde el 10 de diciembre de 2025 y cubre las ayudas de 2025, 2026 y 2027. Las organizaciones beneficiarias se conocerán según el calendario que establezca el ministerio correspondiente.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1125/2025, las subvenciones a entidades deportivas se otorgaban mediante convocatorias públicas, garantizando transparencia y competencia. Esta norma introduce un cambio significativo al permitir la concesión directa de subvenciones, similar a prácticas ya vigentes en algunas Comunidades Autónomas y en la Unión Europea, donde se prioriza la eficiencia y la planificación a largo plazo. Este enfoque busca agilizar la financiación de proyectos de interés público, aunque reduce la transparencia y la participación competitiva, lo que genera debate sobre su equilibrio entre eficacia y justicia.

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