Orden HAC/1358/2025, de 20 de noviembre, por la que se establece el régimen de las actuaciones realizadas a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de aplicación de los tributos cuya tramitación corresponda a la Dirección General de Tributos y se prevé la aprobación del formulario y modelo de representación de carácter voluntario a utilizar en dichos procedimientos.
¿Qué dice esta ley?
**Cómo la Hacienda Pública simplifica trámites fiscales por internet** La Administración Tributaria permite ahora que todos los trámites relacionados con impuestos se hagan completamente por vía electrónica (ordenador, móvil, plataformas digitales) en lugar de presentarse en papel o en persona. Se trata de normar cómo funcionan estos procesos digitales para que sean seguros y válidos legalmente. Afecta a autónomos, empresas y ciudadanos que deben comunicarse con la Dirección General de Tributos sobre asuntos fiscales. Si tienes un negocio o necesitas resolver cuestiones tributarias, esto te toca directamente. También importa a los representantes (abogados, gestores, procuradores) que actúen en tu nombre ante la Hacienda. Lo concreto: establece cómo presentar documentos, solicitudes y recursos sin pisar una oficina; define qué firma digital o certificado necesitas; aclara que puedes nombrar a un representante para que actúe por ti de forma voluntaria mediante un formulario específico. Así evitas desplazamientos y aceleras la resolución de tus asuntos fiscales. Entra en vigor el 21 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, la Administración espera que uses estos canales digitales para relacionarte en cuestiones tributarias, aunque el papel s
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Orden HAC/1358/2025, los trámites fiscales en España se realizaban principalmente en papel o en persona, siguiendo normativas estatales y, en algunos casos, regulaciones autonómicas o europeas que no siempre garantizaban una homogeneidad en la digitalización. Esta norma marca un avance frente a estas prácticas tradicionales, al establecer un marco común para la tramitación electrónica en materia tributaria, facilitando la interoperabilidad entre las comunidades autónomas y la Administración central. Su importancia radica en la simplificación y eficiencia en la gestión fiscal, reduciendo barreras para ciudadanos, autónomos y empresas, y alineándose con los estándares digitales de la UE.