Recurso de Inconstitucionalidad n.º 6811-2025, en relación con los siguientes preceptos de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025: (i) disposición final cuarta, por la que se modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y (ii) disposición final octava, apartado uno, por el que se modifican los apartados 2 y 4, y se añaden tres nuevos apartados, 7, 8 y 9, a la d
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Se ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional cuestionando dos cambios introducidos en la Ley de Presupuestos de Canarias 2025. Estos cambios afectan a cómo se organiza y financia el sistema sanitario canario y otras normas relacionadas con servicios públicos. **A quién afecta** Principalmente a ciudadanos canarios que utilizan servicios sanitarios públicos, a trabajadores del sector sanitario y a la administración autonómica canaria. Indirectamente, también toca al Estado si hay conflictos sobre competencias entre niveles administrativos. **Qué cambia** Los cambios cuestionados introducen modificaciones en las reglas que regulan la sanidad pública canaria desde 1994. La demanda argumenta que estos cambios podrían vulnerar la Constitución, probablemente porque exceden las competencias de la comunidad autónoma, afectan a derechos fundamentales o no respetan procedimientos establecidos. El tribunal tendrá que determinar si esos cambios presupuestarios son constitucionalmente válidos. **Cuándo** El recurso se presentó en 2025. El Tribunal Constitucional analizará si los cambios de la Ley de Presupuestos son legales según la Constitución. Mientras se resuelve, la ley sigue vigente.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2024, de Presupuestos Generales de Canarias para 2025, el sistema sanitario canario estaba regulado por la Ley 11/1994, que establecía un marco de organización y financiación del sector. La normativa estatal y europea, por su parte, establecía límites y principios generales sobre los derechos de los ciudadanos y la competencia de las comunidades autónomas. Este recurso de inconstitucionalidad busca analizar si los cambios introducidos en la nueva ley exceden las competencias de Canarias o vulneran derechos fundamentales, lo cual importa porque podría afectar la legalidad de la gestión sanitaria y la distribución de competencias entre niveles de gobierno.