Orden DCA/5/2026, de 2 de enero, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un nuevo sistema de "carnet" para centros privados que cuidan a personas mayores, discapacitadas o dependientes en Ceuta y Melilla. Estos lugares (residencias, centros de día, servicios a domicilio) necesitarán una acreditación oficial para demostrar que cumplen estándares de calidad y seguridad. **A quién afecta** Principalmente a empresas y organizaciones privadas que prestan servicios de cuidados en estas dos ciudades autónomas. También a las personas dependientes y sus familias, que tendrán la garantía de que el centro elegido ha pasado controles. La administración local gestiona todo el proceso. **Qué cambia** Ahora hay un procedimiento claro: los centros deben solicitar la acreditación demostrando que tienen personal cualificado, instalaciones seguras, protocolos de atención y sistemas de quejas. Sin este "sello", no podrán operar legalmente. Esto protege a usuarios vulnerables de servicios deficientes o fraudulentos. **Cuándo entra en vigor** A partir del 2 de enero de 2026. Los centros ya funcionando tendrán un plazo para adaptarse y solicitar la acreditación según lo que especifique la administración de Ceuta y Melilla.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la entrada en vigor del Orden DCA/5/2026, los centros privados que prestaban servicios de atención a personas dependientes en Ceuta y Melilla no estaban sujetos a un sistema formal de acreditación estatal o autonómico, lo que generaba una falta de regulación homogénea y garantías para los usuarios. A diferencia de otras comunidades autónomas o de la Unión Europea, donde existen marcos normativos más consolidados, Ceuta y Melilla no contaban con un procedimiento claro para validar la calidad de estos servicios. Esta norma importa porque establece un marco regulatorio que mejora la transparencia, la seguridad y la calidad de los cuidados, protegiendo a las personas en situación de dependencia y fomentando la confianza en el sector.