Real Decreto 90/2026, de 11 de febrero, por el que se regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados y se determinan los márgenes correspondientes a su distribución y dispensación.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un nuevo sistema para que el Sistema Nacional de Salud (la sanidad pública) financie productos sanitarios específicos (como vendajes especiales, dispositivos para diabéticos o aparatos auditivos) que los pacientes usan en casa. Establece también cuánto dinero ganan los distribuidores y farmacias por vender estos productos. **A quién afecta** Principalmente a pacientes no hospitalizados que necesitan estos productos en su domicilio y a farmacias y distribuidoras que los venden. También afecta a laboratorios que fabrican o importan estos dispositivos, ya que deben cumplir con nuevos requisitos para que la sanidad pública los financie. **Qué cambia** Se crea un procedimiento más claro y ordenado para decidir cuáles son los productos que el Sistema de Salud pagará. Además, fija márgenes (ganancias permitidas) más precisos para distribuidores y farmacias, evitando sobrecostes. Los pacientes podrían acceder más fácilmente a estos productos sin pagar de su bolsillo. **Cuándo entra en vigor** El 11 de febrero de 2026. Desde esa fecha, farmacéuticas y distribuidoras deben adaptar sus procesos a estas nuevas reglas para poder seguir vendiendo productos financiados por la sanidad pública.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 90/2026, la financiación de productos sanitarios para pacientes no hospitalizados se regulaba de forma menos estructurada, con criterios dispersos entre las comunidades autónomas y el Estado, lo que generaba incoherencias y desigualdades. La norma establece un marco común a nivel estatal, alineándose con los principios de la Unión Europea sobre acceso equitativo a medicamentos y dispositivos sanitarios. Este cambio importa porque busca mayor transparencia, eficiencia y equidad en la financiación, garantizando que los pacientes accedan a productos esenciales sin barreras económicas.