Resolución de 5 de febrero de 2026, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** Una actualización de las reglas que gobiernos regionales y ayuntamientos deben seguir para endeudarse y usar productos financieros complejos (como derivados: contratos para protegerse de cambios en tipos de interés). Básicamente, se revisan los límites de riesgo que pueden asumir. **A quién afecta** Directamente a comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas locales. Indirectamente, a ciudadanos porque afecta a la estabilidad financiera de sus administraciones y a los servicios públicos que financian. **Qué cambia** La actualización modifica los criterios de prudencia financiera (mecanismos de control para evitar que se endeuden excesivamente o asuman riesgos desmedidos). Aunque no se detalla qué cambios específicos incluye el anexo, estas revisiones suelen ajustar umbrales de deuda permitida, porcentajes máximos de derivados o nuevas restricciones según la situación económica. **Cuándo entra en vigor** Desde el 5 de febrero de 2026. Las administraciones públicas deberán ajustar sus operaciones de endeudamiento y contratación de productos financieros a estos nuevos criterios.