Sentencia de 18 de febrero de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductore
¿Qué dice esta ley?
**Jubilación anticipada: cambios en quién puede retirarse antes** El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente (revocado en parte) la norma que regulaba cuándo los trabajadores pueden jubilarse anticipadamente con penalización menor en la Seguridad Social. La sentencia da la razón al sindicato CGT en algunos aspectos de cómo se aplicaban esos descuentos por retirarse antes de la edad legal. Esto afecta a trabajadores que quieren dejar de trabajar antes de los 67 años (la edad legal actual) y a empresas con empleados en esa situación, pues cambia las reglas sobre cuánto dinero de pensión pierden por hacerlo. Lo concreto: el Supremo considera que algunos requisitos o criterios de la norma de 2025 eran demasiado restrictivos o vulneraban derechos. Aunque no especifica qué coeficientes (porcentajes de descuento) cambian exactamente, sí obliga a revisar cómo se decide en cada caso si una persona puede jubilarse antes y con qué penalización. La sentencia es de febrero de 2026. La norma impugnada (el Real Decreto 402/2025) databa de mayo de 2025, así que ya llevaba meses aplicándose cuando el Supremo rectificó parcialmente. La administración tendrá que adaptar los procedimientos administrativos para cumpl
💬 Contexto ciudadano
Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026, el sistema de jubilación anticipada en España se regulaba mediante el Real Decreto 402/2025, que establecía criterios restrictivos para permitir la jubilación antes de los 67 años con penalizaciones. Esta norma, vigente desde mayo de 2025, se comparaba con el marco estatal y europeo, que busca equilibrar derechos laborales y sostenibilidad del sistema de pensiones. La sentencia del Supremo importa porque anula parcialmente dicha norma, reconociendo que algunos requisitos eran excesivamente restrictivos y vulneraban derechos, lo que implica una revisión de los criterios para determinar la jubilación anticipada, afectando tanto a trabajadores como a empleadores.