Real Decreto-leyNacionalvigente

Resolución de 26 de febrero de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

BOE-A-2026-4667Publicada: 28/02/2026CORTES GENERALES

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** El Congreso ha decidido anular un decreto de emergencia que el Gobierno aprobó en febrero para ayudar a personas en situación vulnerable, regular impuestos y reorganizar la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos. Básicamente, esas medidas urgentes dejan de ser válidas. **A quién afecta** A cualquier persona que estuviera recibiendo ayudas sociales por esa norma, a autónomos y empresas con cambios tributarios aplicados, y a comunidades autónomas y municipios que habían reorganizado presupuestos conforme a las nuevas reglas de financiación territorial (sistema que determina cuánto dinero recibe cada territorio). **Qué cambia** Desaparecen las medidas de protección social que el decreto había establecido, vuelven los impuestos a su situación anterior a febrero, y se revierte cualquier redistribución de fondos entre territorios que se hubiera puesto en marcha. Los afectados perderán estas prestaciones y beneficios fiscales, mientras que hacienda pública y administraciones territoriales recuperan la configuración previa. **Cuándo entra en vigor** La resolución es de 26 de febrero de 2026. El decreto original rigió desde el 3 de febrero, así que estuvo activo menos de un mes.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la Resolución de 26 de febrero de 2026, el sistema de financiación territorial en España se regía por normas estatales y acuerdos de las Comunidades Autónomas, dentro del marco de la Unión Europea. La derogación del Real Decreto-ley 2/2026 revierte medidas temporales que habían modificado temporalmente estas estructuras, afectando a ayudas sociales, tributación y redistribución de recursos. Este cambio importa porque restaura la situación previa, reafirmando la autoridad estatal en asuntos fiscales y territoriales, y pone fin a una intervención excepcional que había alterado el equilibrio entre niveles de gobierno.

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