Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

¿Qué dice esta ley?

**Qué es** Se actualizan las reglas que controlan cuánto dinero pueden pedir prestado las comunidades autónomas y ayuntamientos. Estas instituciones tienen límites para endeudarse (contraer deudas) y no pueden usar ciertos productos financieros arriesgados sin respetar unos criterios de prudencia (sensatez en la gestión del dinero público). **A quién afecta** Directamente a gobiernos autonómicos y locales (diputaciones, ayuntamientos, entidades públicas). Indirectamente, a ciudadanos y empresas que dependen de servicios públicos y obras financiadas con estos préstamos. **Qué cambia** Se actualizan los criterios técnicos del anexo 1 —la lista de requisitos y límites que estas administraciones deben cumplir al endeudarse o usar derivados financieros (productos complejos para cubrir riesgos de cambio o tipos de interés). Aunque no se especifican los cambios exactos, esta actualización evita que usen dinero de forma imprudente o asuman riesgos excesivos que luego paguen los contribuyentes. **Cuándo entra en vigor** Desde el 14 de abril de 2026. Las administraciones locales y autonómicas deberán aplicar estos criterios actualizados a partir de esa fecha en todas sus nuevas oper