Resolución de 13 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se establecen los criterios de distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición adicional octogésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogada para 2026.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Estado reparte dinero entre ayuntamientos y diputaciones para compensarles por pérdidas económicas que sufrieron. Es una ayuda extraordinaria, no habitual, que se envía según una fórmula específica decidida ahora en abril de 2026. **A quién afecta** Directamente a entidades locales (ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos). Indirectamente beneficia a ciudadanos de esos municipios, ya que el dinero puede destinarse a servicios públicos locales. **Qué cambia** Establece cómo se divide el dinero disponible entre todas las entidades locales. No es "a partes iguales" sino según criterios técnicos (probablemente población, capacidad fiscal, situación económica de cada territorio). Esto determina cuánto recibe cada ayuntamiento o provincia. **Cuándo** Se aprueba el 13 de abril de 2026. La compensación viene de una ley presupuestaria de 2023, pero se prorroga y ejecuta ahora. El dinero debe distribuirse conforme a estos nuevos criterios tras la publicación oficial. --- *Esta resolución afecta principalmente a gobiernos locales. Si representas un ayuntamiento, necesitarás revisar qué importe te corresponde según los criterios publicados.*
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta resolución de 2026, la distribución de la compensación a entidades locales se regía por normas anteriores, que probablemente seguían criterios menos detallados o estatales, sin considerar las diferencias entre comunidades autónomas. Esta nueva norma introduce un sistema más específico y técnico, basado en factores como población, capacidad fiscal y situación económica, lo que refleja una evolución hacia una distribución más justa y adaptada a las realidades locales. Esto importa porque redefine cómo se reparte una ayuda clave para los gobiernos locales, impactando directamente en su capacidad para financiar servicios públicos.