Orden FOM/925/2018, de 10 de septiembre, por la que se modifica el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por Orden FOM/710/2015, de 30 de enero.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden del Ministerio de Fomento que modifica el catálogo de líneas ferroviarias de interés general para el Estado. La orden excluye del catálogo nacional dos líneas ferroviarias localizadas en el País Vasco, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló su inclusión anterior por vulnerar las competencias autonómicas. **¿A quién afecta?** Afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que asume la responsabilidad de dos líneas de ferrocarril de vía estrecha: Basurto Hospital-Ariz (7,8 km) e Irauregui-Lutxana-Barakaldo (5,7 km). También afecta al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que seguirá gestionando estas líneas hasta que se complete el traspaso a la comunidad autónoma. **¿Qué cambia o establece?** Establece que las dos líneas ferroviarias mencionadas dejan de ser responsabilidad del Estado y pasan a serlo del País Vasco. El Ministerio de Fomento iniciará el expediente de traspaso conforme a la ley ferroviaria. Mientras tanto, la administración de las infraestructuras continúa con la entidad pública existente. La orden entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta orden, las dos líneas vascas de vía estrecha formaban parte del catálogo estatal de ferrocarriles de interés general, una categorización que se estableció durante la centralización de la gestión ferroviaria española del siglo XX. El Tribunal Constitucional, mediante sentencia que anuló la anterior inclusión, reconoció que estas infraestructuras locales vulneraban las competencias autonómicas en transporte metropolitano, una tensión que otras comunidades también han experimentado (Cataluña con el Ferrocarril de la Generalitat, Andalucía con cercanías). El ordenamiento europeo, a través de los paquetes ferroviarios, favorece la descentralización de servicios locales, alineándose con la resolución constitucional española. Para los ciudadanos vascos, este cambio implica una transición administrativa en su movilidad cotidiana, con potenciales implicaciones en continuidad de servicio, frecuencias y tarifas durante el traspaso de responsabilidades entre administraciones.