Orden ICT/920/2018, de 30 de agosto, sobre régimen de autorización y control de importación de semillas de cáñamo no destinadas a la siembra.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden ministerial que regula cómo se pueden importar semillas de cáñamo que no van destinadas a plantarse. La norma simplifica el sistema anterior, que requería registro en un documento especial llamado RISCA. Ahora, quien quiera importar estas semillas debe obtener una autorización de la administración española encargada de comercio internacional. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas y personas que importan semillas de cáñamo no destinadas a siembra. Solo quienes estén autorizados por la Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías pueden hacerlo. Sin esta autorización, no se puede obtener el certificado que aduanas necesita para permitir la entrada de las semillas. **¿Qué cambia o establece?** Establece que cualquier importador de estas semillas debe presentar una solicitud con información sobre sus instalaciones y qué hará con el producto importado. La norma elimina el registro especial anterior, simplificando el proceso. Requiere un certificado de importación antes de que aduanas autorice la entrada del producto, y fija que la autorización es obligatoria para evitar fraude y garantizar que las semillas no se utilicen para cultivos ilícitos.
💬 Contexto ciudadano
La Orden ICT/920/2018 moderniza la regulación previa del registro RISCA, trasladando el control de importación de semillas de cáñamo no destinadas a siembra de un sistema registral a uno basado en autorización administrativa. Esta simplificación alinea el marco español con prácticas europeas de mayor flexibilidad comercial dentro del contexto del Reglamento (UE) 1308/2013, aunque mantiene el rigor de control que exigen directivas comunitarias sobre cultivos psicoactivos. Mientras la mayoría de autonomías carecen de sistemas equivalentes propios, el cambio beneficia al ciudadano al reducir cargas burocráticas en el comercio legal de derivados no intoxicantes, simultáneamente reforzando garantías contra desvíos ilícitos mediante certificación aduanera previa.