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ResoluciónNacionalvigente

Memorando de Acuerdo entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América y el Ministerio de Defensa del Reino de España relativo a la asignación de Oficiales de Enlace, hecho en Washington el 31 de mayo y 23 de junio de 2018.

BOE-A-2018-12096Publicada: 03/09/2018MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Un acuerdo entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de España que establece las reglas para que cada país envíe personas (militares o empleados civiles) a trabajar en las instalaciones del otro como Oficiales de Enlace. Estos representantes actúan como intermediarios oficiales entre los dos gobiernos. **¿A quién afecta?** Afecta a los gobiernos de Estados Unidos y España, específicamente a sus ministerios de Defensa. También afecta a los militares y empleados civiles que sean asignados como Oficiales de Enlace y a quienes deben supervisarlos en el país anfitrión. **¿Qué cambia o establece?** Establece que cada país puede enviar representantes militares o civiles al otro país, pero solo si hay una necesidad real y beneficio mutuo. Define los deberes que tendrán estos representantes, las normas de seguridad para manejar información confidencial, los procedimientos administrativos y financieros, cómo resolverán conflictos, y que cualquiera de los dos países puede terminar una asignación si deja de ser necesaria.

💬 Contexto ciudadano

Este Memorando de Acuerdo de 2018 formaliza un marco bilateral que sustituye protocolos de liaison anteriores menos estructurados, mediante procedimientos específicos para la acreditación y supervisión de oficiales de enlace. Comparativamente, representa un estándar similar al de otros aliados NATO españoles (Francia, Italia, Alemania) con EE.UU., aunque la particularidad radica en la amplitud de cooperación que España mantiene con Washington, tanto por su membresía NATO como por las instalaciones estadounidenses en territorio ibérico. El acuerdo fue ratificado por ambas cancillerías (2018), alineándose con directivas UE de interoperabilidad defensiva sin contravenir marco de seguridad europeo. Para el ciudadano español, importa porque regula el acceso y manejo de información clasificada en suelo nacional, establece responsabilidades en caso de incidentes de seguridad, y refuerza la cadena de supervisión sobre actividades militares extranjeras, aspectos críticos en democracias que exigen control parlamentario sobre cooperación internacional de defensa.

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