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ResoluciónNacionalvigente

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica la de 8 de febrero de 2018, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2018, ampliando la restricción temporal a la circulación de determinados tipos de vehículos en la carretera N-340 a su paso por la provincia de Castellón.

BOE-A-2018-12016Publicada: 01/09/2018MINISTERIO DEL INTERIOR

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Esta resolución es una decisión de la Dirección General de Tráfico que amplía las restricciones a ciertos vehículos en algunas carreteras nacionales. La razón es que estas carreteras tienen mucho tráfico de camiones pesados y registran más accidentes comparadas con alternativas más seguras. **¿A quién afecta?** Afecta a conductores de vehículos pesados de transporte de mercancías que circulan por la carretera N-340 (entre Peñíscola en Castellón y el límite con Tarragona), y también por las carreteras N-124 y N-232. Los vehículos de más de 7,5 toneladas o con 4 o más ejes no pueden circular libremente por estos tramos, aunque existen excepciones. **¿Qué cambia o establece?** La norma prohíbe o restringe la circulación de esos vehículos pesados en esos tramos, obligándolos a usar la autopista AP-7 como ruta alternativa. Se permite una excepción: si el origen o destino de la carga está en una localidad que solo se puede acceder por esa carretera, o si se trata de servicios de emergencia, reparaciones, descansos, o cargas especiales autorizadas. Estas restricciones rigen todos los días del año, 24 horas, hasta que se realicen mejoras de seguridad en esas carreteras.

💬 Contexto ciudadano

Esta resolución amplía las medidas de control del tráfico pesado de febrero de 2018, extendiendo territorial y temporalmente restricciones en la costa de Castellón. Las limitaciones a vehículos pesados son práctica común en la UE (Francia, Italia y Alemania cuentan con restricciones horarias o zonales similares), aunque la DGT las implementa a nivel estatal exclusivamente en carreteras nacionales bajo su competencia. La medida busca reducir accidentes desviando tráfico a infraestructuras más seguras (AP-7), impactando directamente en transportistas que asumen costes adicionales de peajes y, consecuentemente, en precios finales de productos. Para el ciudadano castellonense, supone mejora de seguridad vial pero refleja una decisión regulatoria que favorece infraestructuras de pago sobre carreteras convencionales.

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