Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la Ley 9/2018, las normativas estatal, autonómica y europea sobre evaluación ambiental y comercio de derechos de emisión se aplicaban de forma dispersa y con diferentes niveles de exigencia. La normativa estatal, como la Ley 43/2003, establecía marcos generales, mientras que las comunidades autónomas, como la de Canarias, desarrollaban su propia legislación con mayor profundidad. La UE, a través de directivas, establecía principios mínimos, pero no obligatorios. Esta fragmentación generaba incoherencias y dificultades en la aplicación uniforme de las medidas ambientales, lo que hacía necesario un marco más integrado y coherente, como el introducido por la Ley 9/2018.