Sentencia de 28 de mayo de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de don Klaus Peter Bach contra el Real Decreto 688/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
¿Qué dice esta ley?
**La justicia anula la prohibición de construir en zonas costeras cercanas al mar** El Tribunal Supremo ha declarado ilegal una normativa que endurecía las restricciones para edificar en terrenos muy próximos a la playa. Un empresario alemán recurrió esta regla y ganó. La sentencia cuestiona cómo el Gobierno delimitó la zona de protección costera, considerando que no justificó adecuadamente por qué se ampliaba esa prohibición de construcción. Afecta principalmente a promotores inmobiliarios, propietarios de terrenos costeros y empresas turísticas que querían desarrollar proyectos cerca de la costa. También atañe a las administraciones locales que deben otorgar licencias de obra en estas áreas, pues ahora tienen más flexibilidad. Los ciudadanos propietarios de parcelas en zonas costeras ven mejoradas sus posibilidades de aprovechar sus terrenos. Lo concreto: la normativa de 2022 quedó sin efecto para los casos donde se aplicó de forma desproporcionada. Esto no significa que desaparezcan todas las protecciones de la costa —siguen existiendo— pero sí que los propietarios de terrenos cercanos a la orilla tendrán vías legales para impugnar restricciones que consideren injustificadas, y podrán solicitar autorización para proyectos que antes se rechazaban autom
💬 Contexto ciudadano
El Reglamento General de Costas aprobado en 2014 (RD 876/2014) ya había flexibilizado parcialmente la muy restrictiva Ley de Costas de 1988, que durante décadas generó litigiosidad masiva por expropiaciones y demoliciones en zonas costeras. La modificación de 2022 pretendía reforzar la protección, ampliando la servidumbre de protección en determinados tramos, pero el Tribunal Supremo la anuló al considerar que la delimitación no estaba justificada con la suficiente base técnica. La sentencia sigue una línea de control de discrecionalidad administrativa que el TS ha aplicado también en materia urbanística. La comparación con la normativa costera francesa —que distingue entre costas naturales y urbanas con mayor precisión técnica— sugiere que España necesita una norma más graduada que la lógica binaria de prohibición/permisión que ha caracterizado la Ley de Costas desde 1988.