Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un reglamento que ordena y organiza cómo los juzgados y tribunales españoles trabajan con juzgados y autoridades de otros países cuando necesitan ayuda judicial mutua. Recoge en un solo documento las reglas que antes estaban dispersas en diferentes leyes y reglamentos. **¿A quién afecta?** Afecta a los jueces y tribunales españoles que reciben solicitudes de otros países pidiendo ayuda (como practicar una prueba, entregar un documento o ejecutar una sentencia), y a los órganos españoles que piden ayuda a otros países. También afecta a los magistrados que forman parte de las redes de cooperación judicial internacional. **¿Qué cambia o establece?** Establece que los juzgados españoles deben responder rápidamente a las solicitudes extranjeras, dando confirmación de recibirlas, ejecutarlas y devolverlas sin demora. Crea y regula dos redes de jueces especializados: una para cooperación judicial internacional en general (REJUE) y otra para aplicar derecho de la Unión Europea (REDUE). Organiza un sistema de registro y reparto de solicitudes que debe hacerse en máximo tres días, y designa al Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial como responsable de coordinar y apoyar todo este trabajo.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2018, la cooperación judicial internacional española operaba bajo un marco normativo fragmentado, con reglas dispersas en múltiples tratados internacionales y leyes sectoriales. El Reglamento 1/2018 del CGPJ unificó estos criterios, alineándose con los estándares de la Unión Europea (Convenios de La Haya, directivas comunitarias) que ya aplicaban otros Estados miembros, aunque con mayor sistematización interna. Su adopción por resolución del pleno del Consejo General del Poder Judicial vincula a toda la judicatura española, imponiéndose procedimientos homogéneos mediante REJUE y REDUE. Para el ciudadano resulta relevante porque agiliza la obtención de pruebas en el extranjero, la ejecución de sentencias transnacionales y el acceso a justicia en litigios internacionales, garantizando plazos máximos (tres días) que reducen la dilación procedural en asuntos con dimensión transfronteriza.