Ley 2/2018, de 28 de septiembre, de régimen jurídico de la Inspección Técnica de Vehículos en Canarias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que regula el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Canarias. Establece que particulares y empresas pueden prestar este servicio obteniendo una autorización administrativa, en lugar de solo a través de concesiones. Esto da rango de ley a un sistema que ya funcionaba desde 2007 mediante decreto. **¿A quién afecta?** A los conductores que necesitan pasar la ITV, a las empresas que quieren prestar el servicio de inspección técnica, y especialmente al personal que trabaja en las estaciones de ITV. Afecta también a las empresas concesionarias actuales cuando terminen sus concesiones. **¿Qué cambia o establece?** Permite la entrada de nuevos operadores en el mercado de la ITV para aumentar la competencia entre empresas. Esto ha permitido duplicar el número de estaciones, mejorar la calidad del servicio y reducir tiempos de espera. La ley también protege los derechos laborales del personal que trabaja en estaciones que pierdan su concesión, buscando que continúen en sus puestos de trabajo.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2018, Canarias funcionaba bajo un modelo de concesiones administrativas (desde 2007 por decreto) para prestar servicios de ITV. Esta ley ordinaria transformó el sistema permitiendo acceso a nuevos operadores mediante autorización administrativa, liberalizando un mercado que en otras autonomías como Madrid o Cataluña ya experimentaba apertura, aunque con modelos variados. Mientras que la Directiva UE 2014/47/UE establece estándares técnicos mínimos sin imponer un modelo de gestión específico, Canarias fue pionera en formalizar legislativamente su apertura competitiva. La medida importa significativamente al ciudadano canario porque permitió duplicar las estaciones de ITV, reducir tiempos de espera y mejorar la calidad del servicio mediante competencia entre operadores, beneficios que otras autonomías tardaron más en materializar.