Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Transporte, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por el que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Melilla/Almería, Melilla/Granada y Melilla/Sevilla.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018 que declara obligaciones de servicio público en tres rutas aéreas: Melilla-Granada, Melilla-Almería y Melilla-Sevilla. Esto significa que las compañías aéreas que operen estas rutas deben mantener un servicio regular mínimo garantizado, con tarifas de referencia establecidas por el Gobierno. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a la Ciudad Autónoma de Melilla, que solicitó esta medida para reforzar su conexión con el resto de España. También afecta a las compañías aéreas que operan estas rutas, que deben cumplir las obligaciones fijadas, y a los ciudadanos y empresas que viajan entre Melilla y esas tres ciudades. **¿Qué cambia o establece?** Establece tarifas de referencia para estos vuelos y condiciones mínimas de servicio. Asigna a la Dirección General de Aviación Civil la responsabilidad de gestionar y revisar estas obligaciones. Permite que las tarifas se revisen conforme a la normativa sobre variaciones de costes, pero solo si hay cambios anormales e imprevistos. Fija que esta declaración se revisará en un plazo máximo de tres años.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta resolución, las rutas aéreas hacia Melilla operaban bajo criterios puramente comerciales, sin garantías de continuidad ni asequibilidad garantizada. Esta medida recoge un modelo consolidado en la UE —especialmente tras la Regulación 1008/2008 sobre servicios aéreos— que vincula obligaciones de servicio público a rutas consideradas estratégicas. Mientras ciudades como Barcelona o Madrid no requieren tal protección por viabilidad comercial, Melilla, como enclave periférico, recibe este régimen similar al aplicado en otras rutas insulares o remotas (Baleares, Canarias). La medida, aprobada nacionalmente sin necesidad de consenso autonómico, vincula operadores privados mediante contraprestaciones estatales. Para el ciudadano melillense, constituye una garantía de conectividad territorial con el resto de España, evitando aislamiento económico y garantizando acceso a servicios esenciales a tarifas reguladas, mientras que usuarios de rutas comerciales carecen de esta protección.