Orden APA/1018/2025, de 11 de septiembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa única de Contratación.
¿Qué dice esta ley?
**Resumen: Orden APA/1018/2025 — Nueva estructura de contratación pública** Se crean dos órganos nuevos para gestionar cómo la Administración compra bienes y servicios: la Junta de Contratación (que decide y supervisa) y la Mesa única de Contratación (que tramita los concursos y licitaciones). Básicamente, separan quién toma decisiones de quién ejecuta los procesos, para que todo sea más claro y menos opaco. Afecta principalmente a la **Administración Pública** —ministerios, agencias, organismos públicos— y, indirectamente, a **empresas y autónomos que licitan** con el sector público. Ellos notarán cambios en cómo presentan ofertas y se comunican con la Administración. Lo concreto: antes había una gestión dispersa y sin criterios uniformes. Ahora hay un único punto de entrada (la Mesa) que estandariza expedientes, plazos y requisitos. La Junta vela por que las decisiones respeten ley y transparencia. Resultado: menos discrecionalidad, más trazabilidad (dejar constancia de cada paso), menos conflictos legales por alegaciones tardías. Entra en vigor el **11 de septiembre de 2025** y se aplicará a todas las contrataciones que tramite la Administración desde esa fecha.
💬 Contexto ciudadano
La contratación pública española se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, transposición de la Directiva 2014/24/UE. La proliferación de mesas y juntas de contratación dispersas por dependencia orgánica ha sido señalada por la OCDE y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación como factor de ineficiencia y riesgo de captura. La creación de una mesa única sigue el modelo de centralización que países como Reino Unido (Crown Commercial Service) o Dinamarca llevan años aplicando con resultados positivos en ahorro y transparencia. En España, la comparación sectorial revela que organismos con mayor centralización de compras —como la AEAT— tienen mejores indicadores de eficiencia. La orden marca un paso hacia la profesionalización de la función compradora dentro de la Administración General del Estado.