Orden MinisterialNacionalvigente

Orden PCI/1077/2018, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.

BOE-A-2018-14180Publicada: 17/10/2018MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una orden ministerial que modifica cómo se registran los datos bancarios en los pagos que hace la Administración General del Estado. En lugar de usar un número de ordinal bancario, ahora se utiliza el código IBAN de la cuenta bancaria para identificar dónde debe llegar el dinero. **¿A quién afecta?** A las oficinas de contabilidad de la Administración General del Estado que procesan los pagos, y a todas las personas y empresas que reciben dinero del Estado como acreedores, beneficiarios de subvenciones o quienes tienen deudas contraídas con la Administración. **¿Qué cambia o establece?** Establece que se use el IBAN como identificador bancario principal en lugar del ordinal bancario. Permite que las oficinas de contabilidad modifiquen ciertos datos de terceros (dirección, teléfono, correo) cuando tienen registrados datos bancarios. Cuando un acreedor cede su derecho de cobro a otro, ya no es necesario anotar esto en el documento justificativo, sino expedir un certificado que lo acredite. También prioriza las designaciones de cuenta por vía electrónica en lugar de otras formas.

💬 Contexto ciudadano

La Orden PCI/1077/2018 moderniza un sistema que históricamente identificaba cuentas bancarias mediante ordinales españoles, sustituyéndolos por el código IBAN, estándar internacional adoptado en toda la Unión Europea. Mientras comunidades autónomas y órganos públicos ya habían integrado el IBAN en tesorería, la Administración General del Estado mantenía un sistema híbrido que generaba ineficiencias y retrasos en pagos a acreedores y beneficiarios de subvenciones. Esta orden de carácter estatal alinea la tesorería pública española con estándares europeos facilitados por directivas como la 2015/2366 de servicios de pago. Para el ciudadano importa porque agiliza recepción de pagos, reduce errores de transferencia y permite procesamiento electrónico sin trámites manuales innecesarios.

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