Orden JUS/1185/2018, de 2 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2018, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden del Ministerio de Justicia que publica un acuerdo del Consejo de Ministros estableciendo cómo se repartirá el dinero presupuestario del Estado del año 2018 destinado a financiar el funcionamiento de los juzgados de paz en los municipios. **¿A quién afecta?** Afecta a los ayuntamientos que reciben subvenciones para costear los juzgados de paz. Se aplica principalmente en los municipios de cinco comunidades autónomas: Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. No se aplica a los ayuntamientos de otras comunidades autónomas que ya tienen transferidas estas funciones. **¿Qué cambia o establece?** Establece que cada municipio recibirá una cantidad anual según su población: desde 310 euros para pueblos de 1 a 499 habitantes, hasta 2.283 euros para municipios de 7.000 habitantes o más. Cuando varios municipios comparten una secretaría de juzgado de paz, el 50% del dinero va a los municipios asociados y el otro 50% se suma a lo que recibe el municipio donde está la sede de esa agrupación.
💬 Contexto ciudadano
La Orden JUS/1185/2018 perpetúa un modelo descentralizado incompleto donde cinco comunidades autónomas mantienen competencias compartidas en juzgados de paz, divergiendo de territorios donde estas funciones fueron transferidas íntegramente. Esta norma estandariza la distribución mediante módulos poblacionales (310-2.283 euros anuales) frente a criterios previos dispersos. Su impacto ciudadano es inmediato: determina recursos limitados para justicia local en municipios pequeños, donde un habitante bajo 500 habitantes accede a servicios judiciales financiados con fondos estatales mínimos, mientras en territorios con transferencias la responsabilidad es autonómica. Esta fragmentación de competencias, carente de paralelismo normativo europeo, genera inequidades en acceso a justicia según ubicación geográfica.