Real DecretoNacionalvigente

Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

BOE-A-2018-15456Publicada: 13/11/2018MINISTERIO DE JUSTICIA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una orden ministerial que actualiza las cantidades de dinero que el Estado paga a abogados y procuradores cuando proporcionan asistencia jurídica gratuita. Modifica las tablas de compensación económica que llevaban congeladas varios años, reflejando el coste real del trabajo de estos profesionales en los procesos judicales. **¿A quién afecta?** A los ciudadanos sin recursos económicos que necesitan ir a juicio o defenderse en procesos judiciales. También a los abogados y procuradores que realizan esta asistencia gratuita. De manera especial, a las mujeres víctimas de violencia de género que reciben asesoramiento y defensa jurídica. **¿Qué cambia o establece?** Aumenta las cantidades que recibe cada profesional por su trabajo: es el mayor aumento de presupuesto realizado hasta ahora, con un incremento total de 12 millones de euros (33 % más presupuesto para el Ministerio de Justicia). Para los casos de violencia de género, el aumento es aún mayor: del 35 %. Las nuevas cantidades comienzan a aplicarse desde el 1 de enero de 2018.

💬 Contexto ciudadano

La Orden JUS/1170/2018 resuelve un desajuste histórico en asistencia jurídica gratuita española: las tablas de compensación llevaban años congeladas, deteriorando incentivos para profesionales. Aunque el marco normativo de 2003 tiene aplicación nacional uniforme, esta actualización presupuestaria se alinea con directivas europeas de acceso a justicia y sistemas comparables como Portugal, donde la revalorización periódica es obligatoria. Especialmente relevante para violencia de género con incremento del 35%, la medida garantiza que abogados y procuradores cuenten con incentivos económicos reales para asumir casos gratuitos, mejorando defensa donde la vulnerabilidad económica coincide con vulnerabilidad social. El impacto ciudadano es directo: acceso real a justicia en situaciones de especial desprotección.

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