Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2019.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una decisión oficial de 2018 que enumera los días en 2019 cuando no corren los plazos ante la Administración del Estado. Es decir, si solicita algo a un organismo público y le ponen plazo de 15 días, los sábados, domingos y los días de esta lista no se cuentan hacia esos 15 días. **¿A quién afecta?** A cualquiera que presente solicitudes, demandas o cualquier trámite ante la Administración Pública (nacional, autonómica o local). El día inhábil depende del territorio donde resida o tramite: hay días festivos para todo el país, otros solo para su Comunidad Autónoma y otros solo para su municipio. **¿Qué cambia o establece?** Define que son días inhábiles los sábados y domingos, más fiestas nacionales (como el 1 de enero, 1 de mayo, 12 de octubre, 25 de diciembre), más las festividades autonómicas de cada región (el 6 de enero en algunas, el 19 de marzo en otras, etc.). El anexo detalla, mes a mes y región por región, cuáles son esos días concretos en 2019. Canarias y Cataluña tienen festivos adicionales en islas y comarcas específicas.
💬 Contexto ciudadano
La Resolución de 2018 actualiza anualmente el calendario de suspensión de plazos establecido por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, normativa estatal que todas las administraciones públicas españolas deben aplicar. Este sistema es prácticamente uniforme en el territorio nacional, aunque cada comunidad autónoma complementa con festivos propios (autonómicos y locales), generando variaciones geográficas específicas. Frente a directivas europeas sobre transparencia administrativa que privilegian la celeridad, la regulación española adopta un enfoque más proteccionista. Para el ciudadano, esta resolución resulta determinante: amplía de facto los plazos reales más allá de lo formalmente establecido, actuando como mecanismo protector ante administraciones lentas, aunque a costa de reducir la predictibilidad de resoluciones.