Sentencia de 7 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo 1/3814/2015, contra la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo del 7 de noviembre de 2018 que invalida partes de una orden ministerial de 2014. La orden original fijaba los peajes y cánones que las empresas de gas debían pagar para usar las tuberías de otras compañías. El Tribunal Supremo anuló la disposición adicional séptima y dos apartados específicos del anexo técnico de esa orden después de que la Asociación Empresarial Multisector Cecot la impugnara. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las empresas gasistas que acceden a las instalaciones de otras compañías para distribuir gas. También afecta indirectamente a cualquier persona o empresa que contrate servicios de gas, pues estos cambios repercuten en cómo se calculan las tarifas. La decisión beneficia a los que demandaron (Cecot) al anular las partes que consideraban injustas. **¿Qué cambia o establece?** Declara nulas y sin efecto dos apartados concretos de la orden sobre peajes y retribución de actividades en el sector gasista. La sentencia obliga a que esas partes específicas dejen de aplicarse. Además, ordena que cada una de las partes demandadas pague la mitad de los gastos del proceso judicial.
💬 Contexto ciudadano
La Orden IET/2445/2014 concretaba la regulación de peajes y cánones para acceso a infraestructuras gasistas, implementando la liberalización de mercados exigida por directivas europeas (especialmente la 2009/73/CE). Antes de 2014, estos mecanismos estaban menos definidos; la orden buscaba transparencia en el acceso de competidores a las redes. La sentencia de 2018 invalida ciertas disposiciones por desproporción, alineándose con criterios de varias CCAA que habían cuestionado estos cálculos. Mientras España mantenía esta regulación, otros países europeos ya exploraban ajustes similares en acceso a infraestructuras. Para el ciudadano importa porque estos peajes inciden directamente en costes de distribución de gas, afectando la competencia entre comercializadores y, en consecuencia, los precios finales que pagan los consumidores.