Real Decreto 1463/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan las obligaciones del servicio público de noticias de titularidad estatal encomendado a la Agencia EFE, S.M.E., S.A.U., y su compensación económica.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este decreto regula el servicio de noticias que proporciona la Agencia EFE, una agencia estatal española. Define las obligaciones que tiene la Agencia EFE como servicio público de noticias y establece cómo debe pagársele del presupuesto del Estado por cumplir esas obligaciones. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la Agencia EFE, que debe cumplir con las obligaciones de servicio público establecidas. Afecta también al Estado, que financia estas obligaciones a través de sus presupuestos, y a los ciudadanos, que reciben el servicio de noticias de interés general. **¿Qué cambia o establece?** El decreto establece que: la Agencia EFE debe proporcionar servicios informativos a la Administración del Estado; la compensación económica se calculará anualmente según un método llamado "coste evitado neto" (lo que cuesta operar con obligaciones de servicio público menos lo que costaría sin ellas); cada dos años se aprobará un plan que fija objetivos, límites de gasto e incentivos de eficiencia; y se crea una comisión para controlar que se cumplan estas obligaciones y resolver conflictos sobre la compensación.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 1463/2018 formaliza las obligaciones de servicio público de la Agencia EFE, que funcionaba como empresa estatal sin regulación específica de sus compromisos informativos. En el contexto estatal, responde a principios similares a los de RTVE en audiovisuales: financiación pública que garantiza un servicio de interés general. Aunque directivas europeas establecen estándares sobre pluralismo informativo, España carecía de normativa equivalente para agencias de noticias escritas. Aprobado por el gobierno nacional, el decreto no tiene equivalente normativo en las CCAA, que cuentan con agencias autonómicas sin regulación análoga. Para el ciudadano, importa porque establece obligaciones públicas claras y controles de eficiencia sobre fondos generales destinados a información de interés general.